RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: SUP-RAP-50/2014.
RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL COMO AUTORIDAD SUSTITUTA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.
SECRETARIOS: JUAN MANUEL ARREOLA ZAVALA Y MARTÍN JUÁREZ MORA
México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce.
VISTOS los autos del expediente al rubro citado, para resolver el recurso de apelación promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a fin de controvertir el Acuerdo identificado con la clave CG129/2014, de veintiocho de marzo de dos mil catorce, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral, en el cual se dejó sin efectos el punto primero del Acuerdo CG92/2013, en razón de la imposibilidad técnica y material para la realización del estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de dos mil seis, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Antecedentes. De lo expuesto por la recurrente en su escrito de demanda, así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente:
1. Acuerdo CG715/2012. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de noviembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG715/2012, por el que se determinó solicitar a las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, la realización de estudios técnicos y jurídicos a fin de determinar la viabilidad de practicar estudios a la documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
2. Cumplimiento del Acuerdo CG715/2012. Las comisiones unidas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, en cumplimiento al Acuerdo CG715/2012, sesionaron el veintiuno de febrero y el 8 de marzo, ambos de dos mil trece, para conocer y discutir las condiciones en que se encontraban los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005-2006, así como la factibilidad de extraer y consultar diversos elementos tales como: lista nominal de electores; votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y cuadernillos de incidentes, así como el tipo de estudios que pudieran realizarse. Ello, dio origen al Estudio denominado “Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral sobre el estado en que se encuentran los paquetes electorales del proceso electoral federal 2005-2006”.
3. Informe sobre el estado en que se encontraban los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005-2006. En la segunda sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, celebrada el ocho de marzo de dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral presentó el “Informe sobre el estado en que se encontraban los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005-2006”.
Al respecto, la autoridad responsable señala que de dicho informe se obtiene lo siguiente:
[…]
El tamaño de la muestra fue de 2,358 casillas.
La documentación contenida en los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005-2006 se encontraban en buen estado.
Si bien, 1% de los sobres presentan algún tipo de daño (roturas, plaga o humedad), éste no es significativo, por lo que su contenido estaba en condiciones de analizarse.
Con relación a las listas nominales, éstas no se hallaron en 620 de los paquetes de la muestra, lo que representa el 26.29% con respecto a los 2,358 esperados. Esto se debe a los siguientes motivos: A) 319 no se encontraban dentro del paquete electoral; B) 203 fueron requeridos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; C) 71 fueron extraídas u resguardadas por la Junta Local Ejecutiva; y D) 27 fueron extraídas y resguardadas por la Junta Distrital Ejecutiva.
Motivos por los cuales no se encuentran las listas nominales en los paquetes electorales de las elecciones federales de 2006 | ||
No se encontró dentro del paquete electoral | 319 | 51.5% |
Extraída por requerimiento del TEPJF | 203 | 32.7% |
Extraída y en resguardo de la Junta Local Ejecutiva | 71 | 11.5% |
Extraída y en resguardo de la Junta Distrital Ejecutiva | 27 | 4.4.% |
TOTAL | 620 |
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4. Acuerdo CG92/2013. En sesión extraordinaria celebrada el veinte de marzo de dos mil trece, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG92/2013, por el que se determinó la realización de dos estudios muestrales, el primero sobre la participación ciudadana y el segundo, sobre las características de los votos nulos, ambos correspondientes a la elección federal del año dos mil seis, coordinado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Destacando que en el punto cuarto del referido acuerdo, se estableció que se reservarían las muestras de paquetes electorales, conforme a los diseños que determinara la Dirección de Estadística de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Asimismo, en el punto octavo se señaló que las direcciones ejecutivas a cargo de cada uno de los estudios, emitirían los procedimientos y criterios que guiarían las actividades a realizar en los órganos desconcentrados, así como los plazos correspondientes y que las direcciones ejecutivas deberían informar a la Comisión del Consejo General respectiva, sobre los procedimientos que definan y las modificaciones que por necesidad deban realizar a los proyectos de cada estudio.
5. Informe sobre la imposibilidad material para realizar el estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones de 2006. El doce de marzo del año en curso, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el “Informe sobre la imposibilidad material para realizar el estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones de 2006”.
6. Acuerdo CG129/2014 (acto impugnado). En sesión de veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO CG92/2013, EN RAZÓN DE LA IMPOSIBILIDAD TÉCNICA Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO MUESTRAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2006”, identificado con la clave CG129/2014, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. En razón de que se realizaron las acciones mandatadas por el Consejo General en el Acuerdo CG92/2013 con miras a la realización del Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006, y dado que existe imposibilidad material y técnica para cumplir con los objetivos de dicho Estudio, se deja sin efectos el mandato del Consejo General respecto del punto primero de acuerdo del Acuerdo CG92/2013.
SEGUNDO. Una vez concluido el Estudio muestral sobre las características de los votos nulos en la elección presidencial federal de 2006, a que se refiere el punto segundo de acuerdo del Acuerdo CG92/2013, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se llevará a cabo la destrucción de las listas nominales que fueron recuperadas junto con la documentación contenida en los paquetes de la muestra correspondiente.
SEGUNDO. Recurso de apelación. Disconforme con ese Acuerdo, mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil catorce, en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral como autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, Camerino Eleazar Márquez Madrid, quien se ostenta como representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, interpuso el recurso de apelación que ahora se resuelve.
TERCERO. Trámite y remisión de expediente. Cumplido el trámite del recurso de apelación, el diez de abril de dos mil catorce, el Secretario del Consejo General Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/SGC/032/2014, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior en esa misma fecha, remitió el expediente número ATG/46/2014, integrado con motivo del recurso de apelación promovido por el representante del Partido de la Revolución Democrática.
CUARTO. Recepción y Turno. Mediante acuerdo del Magistrado Presidente de diez de abril del año en curso, se tuvo por recibido el recurso, se ordenó integrar el expediente SUP-RAP-50/2014 y se turnó a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Lo anterior fue cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-1731/14, signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.
QUINTO. Incomparecencia de tercero interesado. De las constancias relativas a la tramitación del recurso de apelación al rubro identificado, se advierte que no compareció tercero interesado alguno.
SEXTO. Radicación y requerimiento. El catorce de abril del año que transcurre, el Magistrado Instructor acordó radicar en su ponencia el expediente formado con la demanda del recurso de apelación de que se trata; y asimismo, requerir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, a través de su Secretario, para que remitiera diversa información que se estimó necesaria para la sustanciación y resolución del presente recurso.
SÉPTIMO. Contestación del requerimiento. El quince de abril de dos mil catorce, el Secretario del Consejo General, dio contestación al requerimiento precitado remitiendo la información señalada en el punto anterior.
OCTAVO. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad se dictó el acuerdo por el cual se admitió a trámite el recurso de apelación, y una vez substanciado, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual quedaron los autos en estado de dictar sentencia, y
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, incisos a) y g), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 40, párrafo 1, inciso b), y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación en el que un partido político combate un acuerdo dictado por un órgano central del Instituto Nacional Electoral como autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, como es el Consejo General.
SEGUNDO. Solicitud de medidas cautelares. El partido recurrente solicita en su escrito de demanda la adopción de una medida cautelar extraordinaria a fin de que esta Sala Superior ordene al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, la aplicación de medidas conducentes a fin de impedir la destrucción de los paquetes electorales que fueron seleccionados y reservados para la realización de los Estudios muestrales sobre la participación ciudadana de la elección federal de dos mil seis y sobre las características del voto nulo en la elección presidencial del citado año.
Esta Sala Superior estima innecesario pronunciarse sobre dicha solicitud en razón de que de las constancias en autos y de la contestación por parte de la responsable al requerimiento formulado por el Magistrado Instructor mediante acuerdo de catorce de abril pasado, se puede advertir la inexistencia de un acto que pueda producir un daño o una afectación irreparable a la esfera de derechos del partido recurrente.
En primer lugar, es menester mencionar que la doctrina jurídica reconoce que las medidas cautelares o providencias precautorias son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes litigantes o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un proceso ("Medidas Cautelares". Héctor Fix-Zamudio y José Ovalle Favela, en Enciclopedia Jurídica Mexicana. Porrúa. México, 2002).
Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir la ausencia de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, página dieciocho, con el rubro y texto siguientes:
MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.
Igualmente se puede concluir, que el legislador previó la posibilidad de que se decreten medidas cautelares con efectos únicamente provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción, ello con la finalidad de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por el código electoral.
Asimismo, en lo tocante a la fundamentación y motivación que deben satisfacer las determinaciones en las que se decida decretar una medida cautelar, de manera amplia, puede decirse que las condiciones a las que se encuentra sujeto su pronunciamiento, son las siguientes:
a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.
b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama (periculum in mora).
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida –que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.
El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina denomina como el fumus boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al elemento del periculum in mora -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final-; en este sentido sólo son protegibles por medidas cautelares, aquellos casos en los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la instauración del procedimiento.
El fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable.
El periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.
Esa situación obliga indefectiblemente a realizar una evaluación preliminar -aún cuando no sea completa- en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas.
De esa suerte, si de este análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces, cuando se torna patente la afectación que se ocasionaría, esto es, el peligro en la demora, la medida cautelar debe ser acordada; salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.
Así, en atención a la naturaleza de este tipo de medidas, se requiere una acción ejecutiva inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables.
Esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la autoridad, necesariamente debe fundar y motivar su implementación o la negativa de su dictado, en observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.
Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad. Esto, porque aun cuando existe un cierto grado de discrecionalidad de la autoridad a quien corresponde decidir si la acuerda, tal facultad no puede trasladarse al campo de la arbitrariedad.
Lo anterior, siempre y cuando exista fundamento constitucional y legal para conocer de la solicitud de dichas medidas cautelares.
Ahora bien, en el caso concreto, del análisis de las constancias en autos y de la contestación al requerimiento realizado por el Magistrado instructor, se puede observar que no existe un peligro inminente de que los paquetes electorales seleccionados o reservados para la realización del estudio muestral sobre la participación ciudadana de la elección federal de dos mil seis, puedan ser destruidos en cumplimiento a lo ordenado en el punto duodécimo del Acuerdo CG92/2013 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral, de fecha veinte de marzo de dos mil trece.
Esto es, por Acuerdo de requerimiento de catorce de abril pasado formulado por el Magistrado Instructor en el presente recurso de apelación, se requirió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral como autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Secretario, informara sobre el estado actual en que se encontraba la realización del estudio muestral sobre las características de los votos nulos en la elección presidencial federal de 2006, ordenado en el punto segundo del Acuerdo CG92/2013.
Mediante oficio número INE/SCG/0095/2014 de fecha quince de abril del año en curso, el Secretario del Consejo General de la citada autoridad administrativa electoral federal, dio cumplimiento al citado requerimiento e informó lo siguiente:
(…)
Actualmente está por concluir la etapa de validación de los datos capturados para integrar la base final sobre la cual se procederá a realizar el cálculo de los factores de expansión. Posteriormente, se realizará el análisis estadístico de los resultados, la elaboración de cuadros y gráficas para la redacción del informe correspondiente.
El informe estará concluido en el mes de mayo de 2014 conforme a lo previsto en el acuerdo mencionado. Con relación a ello, se considera que dicho documento será dado a conocer a los integrantes de la Comisión de Organización Electoral en sesión que celebren en el mes de junio, y posteriormente, será presentado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Cabe mencionar que en esta última etapa se podrá definir la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de la documentación contenida en los paquetes electorales de la muestra.”
(El resaltado es nuestro).
(…)
En ese sentido, de lo aducido por la autoridad responsable, se puede concluir que la destrucción de la documentación contenida en los paquetes electorales de la muestra será realizada una vez que el informe relacionado con el estudio muestral sobre las características de los votos nulos en la elección presidencial federal de 2006, sea presentado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, esto es, en el mes de junio del año en curso. En esa última etapa, se podrá definir la fecha para su destrucción.
Por tanto, ante la inexistencia de una afectación irreparable a la esfera de derechos del partido recurrente, ya que la destrucción de los referida documentación contenida en los paquetes electorales seleccionados para el estudio muestral en cuestión se realizará posteriormente a la entrega del informe sobre las características de los votos nulos al Consejo General, que se tiene programado hasta el mes de junio del año en curso, por lo que resulta evidente que si el presente recurso de apelación se está resolviendo en esta fecha, no existe la afectación irreparable a la que alude el partido apelante.
De ahí que resulte innecesario pronunciarse sobre la solicitud de adopción de medidas cautelares en comento ante la inexistencia de un acto que pudiera generar un daño irreparable al recurrente.
Por otra parte, es menester precisar que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se proponen reglas comunes para el trámite y resolución de los medios de impugnación, por regla general, no prevé la paralización de los actos sujetos a estudio, tal y como sucede, por ejemplo, con el juicio de amparo, en el que, por disposición legal, se establece la suspensión de los efectos de los actos impugnados.
Tal principio basado en el artículo 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, por regla general, se prohíbe que la interposición de los medios de impugnación en modo alguno producen efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
Esto es, es una exigencia de la materia electoral la celeridad en todos los trámites, y lo que la norma constitucional pretende es que la autoridad no se demore o retrase en la sustanciación y resolución de los medios de impugnación a efecto de que emita en forma pronta y expedita la declaración definitiva acerca de a quién asiste el derecho en aras de proteger diversos principios constitucionales relacionados con el interés público o social sobre el que versa el derecho electoral en nuestro país.
TERCERO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la litis planteada en el recurso de apelación al rubro identificado, se deben analizar y resolver las causales de improcedencia que aduce la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, por ser de examen preferente, ya que versa sobre aspectos de procedibilidad de los medios de impugnación.
a) Falta de interés jurídico. La autoridad responsable aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la ley adjetiva electoral federal, consistente en falta de interés jurídico del partido recurrente, por no acreditar que el acto impugnado cause perjuicio al actor, pues no existe agravio actual, sustantivo y directo que vulnere su esfera de derechos.
Al respecto, esta Sala Superior considera que se debe desestimar lo alegado por la autoridad responsable, por las siguientes razones.
El Partido de la Revolución Democrática tiene interés jurídico para interponer el recurso de apelación porque tiene el carácter de entidad de interés público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que se desprende la posibilidad jurídica de actuar en defensa del interés público, difuso o colectivo, con independencia de la defensa de sus intereses particulares, máxime cuando se trata de un acuerdo que tiene relación con un estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de dos mil seis, cuya información generada es de acceso público para las personas interesadas.
En consecuencia, si como entidad de interés público considera que el Acuerdo dictado es violatorio de la ley, por infracción a las disposiciones previstas en la propia Constitución o en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es evidente que tienen interés jurídico para impugnarlo, en tanto que al hacerlo, no defienden exclusivamente un interés propio, sino que buscan también, la prevalencia del interés público al tratarse de un estudio relacionado con información relativa a la participación ciudadana en las elecciones de dos mil seis y cuyos resultados pueden ser del interés público para las personas que así lo manifiesten.
Por lo expuesto, carece de sustento la causa de improcedencia que invoca la autoridad responsable en su informe circunstanciado al señalar que el acto de que se duele el Partido de la Revolución Democrática no contiene una violación específica que menoscabe sus garantías o derechos constitucionales o legales.
Sirve de apoyo a lo anterior lo aducido en la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional identificado con la clave 15/2000 cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES.- La interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y especialmente los principios rectores en la materia electoral federal consignados medularmente en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacen patente que los partidos políticos nacionales están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos electorales, por las siguientes razones: Para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas calidades, se hace indispensable la organización de los procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos casos como agravios las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del derecho político, ya que tiene establecido que los actos preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en condición igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de representación común y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver afectados directa e individualmente por determinados actos. En consecuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se produzcan actos que afecten los derechos de una comunidad que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones personales y directas a sus integrantes para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que las obstaculicen. En la legislación electoral federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos, porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1, inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este interés derive de un derecho subjetivo o que el promovente resienta un perjuicio personal y directo en su acervo puramente individual, para promover los medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en esta materia, según se ve en los artículos 13, apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1, incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65, apartado 1, y 88, apartado 1, todos de la citada ley de medios de impugnación.”
b) Irreparabilidad del acto impugnado. La autoridad responsable argumenta que el acto impugnado, se trata de hechos consumados de manera irreparable.
Tal causal de improcedencia se desestima por lo siguiente.
En cuanto a la causal de improcedencia en estudio se debe precisar que para que un acto se considere consumado de modo irreparable, es necesario que exista imposibilidad jurídica o material o de ambas especies, para anular, revocar o modificar el acto o resolución impugnado, resultando imposible impedir o suspender la generación de los efectos jurídicos que produce ese acto o resolución, siendo imposible restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión del acto o resolución controvertido.
De esta forma, no es jurídicamente admisible, para la procedibilidad del medio de impugnación, desestimar a priori, respecto al presente caso, el contenido sustancial de los conceptos de agravio expresados por el recurrente, ni calificarlos en la forma pretendida por la responsable, pues ello sería prejuzgar sobre el fondo de la controversia planteada.
Cabe señalar que, en el caso del análisis de si fue o no conforme a derecho dejar sin efectos el punto primero del Acuerdo CG92/2013 emitido por la autoridad administrativa electoral, ante la imposibilidad material y técnica para cumplir con los objetivos del referido estudio muestral, no admite ser apreciada como la consumación de sus efectos de modo irreparable, debido a que no existe impedimento legal ni fáctico para que, en caso de ser fundada la impugnación, se revoque dicha determinación.
c) Inviabilidad de los efectos jurídicos. La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la inviabilidad de los efectos jurídicos, prevista en los artículos 9, párrafo 3, y 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable es infundada, en atención a que la cuestión de fondo a dilucidar en este asunto, consiste precisamente en determinar si es apegado a derecho que la autoridad administrativa electoral haya dejado sin efectos el punto primero del Acuerdo CG92/2013 emitido por la autoridad administrativa electoral, ante la imposibilidad material y técnica para cumplir con los objetivos del referido estudio muestral, y en atención a que la pretensión del partido recurrente consiste en que se revoque dicha determinación, para el efecto de que se realicen las diligencias o investigaciones necesarias a fin de obtener la información que hace falta para la realización del estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de dos mil seis, situación que se deber analizar en el fondo del asunto para determinar si es procedente o no lo aducido por el partido recurrente.
CUARTO. Requisitos de procedencia. Se cumplen los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 8°, 9°, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b), 42 y 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo siguiente:
a) Forma. Se cumplen los requisitos previstos en el artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda se presentó ante la autoridad responsable y en ella se satisfacen las exigencias formales previstas en ese precepto, a saber: el señalamiento del nombre de la recurrente, el del domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnada y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y de los agravios que el recurrente dice que le causa el acto reclamado, el asentamiento del nombre y la firma autógrafa del representante de la parte apelante.
b) Oportunidad. El presente recurso se interpuso dentro del plazo legal conferido al efecto, pues el acto impugnado consiste en el Acuerdo CG129/2014, dictado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral el veintiocho de marzo de dos mil catorce, el cual fue notificado al recurrente el mismo día, y la demanda se interpuso el tres de abril siguiente, tal y como se demuestra con el sello del reloj checador de la Secretaría Ejecutiva, visible en la primera foja del escrito de demanda, por lo que resulta inconcuso que se presentó dentro del plazo legal de cuatro días, previsto en el artículo 8, párrafo 1, del cuerpo de leyes citado, descontando los días veintinueve y treinta de marzo el presente año, por ser sábado y domingo.
c) Legitimación y personería. Dichos requisitos se encuentran satisfechos plenamente, en primer término, porque el presente recurso es interpuesto por parte legítima, pues quien actúa es un partido político a través de su representante ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por tanto, con fundamento en el artículo 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra facultado para promover el medio impugnativo que se analiza.
Por lo que hace a la personería, también se encuentra satisfecha, pues la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, le reconoce a Camerino Eleazar Márquez Madrid, el carácter de representante propietario del Partido recurrente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
d) Interés jurídico. El partido político recurrente lo tiene para interponer el recurso de apelación de conformidad con lo argumentado al estudiar la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable.
e) Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque el presente recurso es interpuesto para controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, respecto del cual no existe diverso medio de defensa, por el que pudiera ser revocado o modificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 1, inciso b), de la citada ley general de medios.
Al estar colmados los requisitos de procedencia indicados, y toda vez que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no advierte oficiosamente que se actualice alguna causal de improcedencia, se procede a realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por el partido político apelante.
QUINTO. Acto impugnado. El veintiocho de marzo del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo CG129/2014, cuya parte considerativa es del tenor siguiente:
“[…]
CG129/2014
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO CG92/2013, EN RAZÓN DE LA IMPOSIBILIDAD TÉCNICA Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO MUESTRAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2006
ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 14 de noviembre de 2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG715/2012 por el que se determina solicitar a las Comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, la realización de estudios técnicos y jurídicos a fin de determinar la viabilidad de practicar estudios a la documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
II. En cumplimiento al Acuerdo CG715/2012, las comisiones unidas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Registro Federal de Electores sesionaron el 21 de febrero y el 8 de marzo, ambos de 2013, para conocer y discutir las condiciones en que se encontraban los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005-2006, así como la factibilidad de extraer y consultar diversos elementos tales como: lista nominal de electores, votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y cuadernillos de incidentes, así como el tipo de estudios que pudieran realizarse.
III. A partir de analizar y discutir la información proporcionada por las direcciones ejecutivas del Instituto, los consejeros integrantes de las Comisiones unidas acordaron solicitar a las áreas responsables información adicional sobre las ventajas y desventajas de realizar estudios a la documentación de 2006, así como un análisis sobre la viabilidad jurídica de su realización, con el fin de presentar al Consejo General un informe más detallado. También acordaron presentar un Proyecto de Acuerdo que propone la realización, entre otros, de un estudio muestral de participación ciudadana en las elecciones 2006.
IV. En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 20 de marzo de 2013, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG92/2013 por el que se determinó la realización de un Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006, coordinado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
V. En el punto cuarto del mismo Acuerdo CG92/2013 se estableció que se reservarían las muestras de paquetes electorales, conforme a los diseños que determinara la Dirección de Estadística de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, considerando un nivel de confianza de sus estimaciones de intervalo de al menos el 95% y el menor margen de error estadístico posible, de acuerdo con las necesidades de análisis que requiera la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para el estudio bajo su responsabilidad.
VI. En el punto octavo del Acuerdo CG92/2013, se señaló que las direcciones ejecutivas a cargo de cada uno de los estudios, emitirían los procedimientos y criterios que guiarán las actividades a realizar en los órganos desconcentrados, así como los plazos correspondientes y que las direcciones ejecutivas deberían informar a la Comisión del Consejo General respectiva, sobre los procedimientos que definan y las modificaciones que por necesidad deban realizar a los proyectos de cada estudio.
VII. En el punto décimo del Acuerdo CG92/2013, se estableció que el informe de resultados, así como las estrategias y líneas de acción que se derivaran, se deberían presentar en la comisión permanente respectiva y, posteriormente, ante el Consejo General.
VIII. En sesión celebrada el 12 de marzo de 2014, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el informe sobre la imposibilidad material para realizar el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006.
C O N S I D E R A N D O
1. Que el 10 de febrero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. En atención a lo anterior, y a lo dispuesto con los artículos transitorios SEGUNDO, CUARTO y QUINTO del Decreto en comento, hasta en tanto no sean emitidas las leyes atinente, siguen rigiendo las normas aplicables al Instituto Federal Electoral
2. Que el transitorio Vigésimo Primero de la misma reforma, prevé que los Consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en vigor de dicho Decreto se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que se integre el Instituto Nacional Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto transitorio; por lo que los actos jurídicos emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral en los términos de la legislación vigente, surtirán todos sus efectos legales.
3. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2008, establece que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho decreto, como es el caso que nos ocupa, serán resueltos conforme a las normas vigentes de su inicio, es decir, de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990.
4. Que conforme a los artículos 41, párrafo segundo, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 70, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigentes en 2006, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
5. Que el artículo 6, numeral 1 del Código de la materia vigente en 2006, establece que para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los requisitos de estar inscritos en el Registro Federal de Electores, en los términos dispuestos por el Código de la materia y contar con la credencial para votar correspondiente.
6. Que de conformidad con el artículo 6, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicable en 2006, en cada distrito electoral uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por el propio Código.
7. Que de acuerdo con el artículo 69, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g) del Código Comicial Federal vigente en 2006, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
8. Que el artículo 70, numeral 3 de dicho Código aplicable en 2006, establece que el Instituto Federal Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el citado Código.
9. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en 2006, el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
10. Que el artículo 82, numeral 1, incisos b) y z) del Código Federal Electoral vigente en 2006, establece que el Consejo General, dentro del marco de sus atribuciones, vigilará la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
11. Que el artículo 155, numeral 1 del Código Electoral Federal aplicable en 2006, señala que las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
12. Que en el punto primero del Acuerdo CG19/2006, se aprobó la forma y el contenido de las listas nominales de electores que se utilizaron con motivo de la elección federal del 2 de julio del 2006, estableciéndose, entre sus aspectos de contenido las líneas o renglones necesarios en blanco al final de las listas que utilizarían las mesas directivas de casilla, para anotar los nombres y las claves de la Credencial para Votar de los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las coaliciones, que votaron en la casilla de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 218, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para realizar dichas anotaciones se siguió el orden de prelación de los registros de los partidos políticos y, en su caso, de las coaliciones, que es el que guardaban sus emblemas en las boletas electorales, en orden de izquierda a derecha.
13. Que en términos del artículo 234, numeral 1, incisos a), c) y d) del Código en comento aplicable en 2006, al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con la siguiente documentación: un ejemplar del acta de la Jornada Electoral, un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, y los escritos de protesta que se hubieren recibido.
14. Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del referido artículo, se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas, las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección, y la lista nominal de electores.
15. Que para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, conforme lo dispone el numeral 4 del referido artículo 234 del Código Federal Electoral aplicable en 2006, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo.
16. Que la denominación de expediente de casilla, conforme al numeral 5 del multicitado artículo 234, corresponderá al que se hubiese formado con las actas y los escritos de protesta.
17. Que el artículo 41, segundo párrafo, Base III, párrafo 8 de la Constitución vigente en 2006, dispone que el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, los cómputos, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados. Además, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica.
18. Que la realización de los estudios de los documentos contenidos en el paquete electoral, tenía la finalidad de encontrar datos y elementos de utilidad para conocer el perfil demográfico del electorado y, a su vez, realizar estudios comparados sobre la participación ciudadana en las elecciones federales. Esta información puede ser de utilidad para académicos, partidos políticos y ciudadanos interesados en la materia electoral, ya que puede permitir, entre otras cosas, realizar análisis sobre los cambios en el perfil de los votantes, construir series históricas continuas desde las elecciones federales de 2003. Además, el estudio puede aportar insumos de comparación con los resultados que arroje el estudio similar de 2012, al tratarse de dos elecciones presidenciales.
19. Que los estudios pueden contribuir a la consolidación de los fines institucionales, entre ellos, fortalecer el desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
20. Que la revisión de los paquetes electorales y de la documentación electoral mediante la selección de muestras probabilísticas, se realizó preservando en todo momento el secreto del voto ciudadano y la confidencialidad de los datos de los listados nominales.
21. Que en el punto segundo del Acuerdo CG715/2012, el Consejo General del Instituto instruyó que las Comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, sesionando como Comisiones Unidas, solicitaran a las áreas respectivas, la información necesaria para conocer y discutir las condiciones físicas y materiales en que se encuentran los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005-2006, la factibilidad de extraer y consultar diversos elementos tales como: lista nominal de electores, votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y cuadernillos de incidentes y el tipo de estudios que puedan realizarse a dicha documentación y material, tomando en consideración la información relevante que pueda obtenerse.
Con base en la información anterior, las Comisiones Unidas determinarán, de ser el caso, el tipo de estudios que, dentro del marco normativo aplicable, pudieran realizarse y propondrían al Consejo General la realización de los mismos, así como sus características y modalidades.
22. Que el 8 de marzo de 2013, en la segunda sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral presentó el informe sobre el estado en que se encontraban los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005- 2006, del cual se obtiene los siguientes insumos:
El tamaño de la muestra fue de 2,358 casillas.
La documentación contenida en los paquetes electorales del Proceso Electoral Federal 2005-2006 se encontraban en buen estado.
Si bien, 1% de los sobres presentan algún tipo de daño (roturas, plaga o humedad), éste no es significativo, por lo que su contenido estaba en condiciones de analizarse.
Con relación a las listas nominales, éstas no se hallaron en 620 de los paquetes de la muestra, lo que representa el 26.29% con respecto a los 2,358 esperados. Esto se debe a los siguientes motivos: A) 319 no se encontraron dentro del paquete electoral; B) 203 fueron requeridas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; C) 71 fueron extraídas y resguardadas por la Junta Local Ejecutiva; y D) 27 fueron extraídas y resguardadas por la Junta Distrital Ejecutiva.
Motivos por los cuales no se encuentran las listas nominales en los paquetes electorales de las elecciones federales de 2006 | ||
No se encontró dentro del paquete electoral | 319 | 51.5% |
traída por requerimiento del TEPJF | 203 | 32.7% |
Extraída y en resguardo de la Junta Local Ejecutiva | 71 | 11.5% |
Extraída y en resguardo de la Junta Distrital Ejecutiva | 27 | 4.4% |
TOTAL | 620 |
|
23. Que en la misma sesión, los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad la presentación de un Proyecto de Acuerdo al Consejo General, a fin de proponer la realización, entre otros, de un estudio muestral de la documentación electoral de 2006 sobre la participación ciudadana.
24. Que el punto primero del Acuerdo CG92/2013, determinó la realización de un estudio muestral de la documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006, coordinado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
25. Que el 12 de marzo de 2014, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el informe sobre la imposibilidad material para realizar el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006.
26. Que en la misma sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 12 de marzo, sus integrantes acordaron que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elabore una nota técnica sobre la consideraciones estadísticas que expliquen por qué no es posible realizar el estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006. Dicha nota técnica se integrará al informe de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica como un anexo del mismo.
27. Que del informe presentado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del anexo técnico del mismo elaborado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se desprende lo siguiente:
- La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto de la Dirección de Estadística, diseñó la muestra de los paquetes electorales de las elecciones federales 2006.
- La selección y separación de los paquetes de la muestra (incluida la lista nominal) para la realización de los estudios de la documentación electoral del Proceso Electoral Federal 2005-2006 se realizó del 9 de septiembre al 25 de octubre de 2013, simultáneamente al proceso de destrucción de la documentación contenida en los paquetes electorales que no formaban parte de la muestra, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y la lista nominal del Proceso Electoral Federal 2005-2006 referidos en el Acuerdo CG238/2013.
- Como consideración inicial, se determinó que el tamaño de muestra cubriría los requerimientos de datos de los dos temas de estudio. Por un lado, estimar el porcentaje de participación electoral por edad y sexo en cada una de las 32 entidades federativas y, por otro, analizar las características del voto nulo.
- El cálculo del tamaño de muestra se basó en un diseño muestral que cumple con el objetivo de todo análisis estadístico, que es formular inferencias sobre la población basadas en la información contenida en una muestra y esta muestra es un subconjunto de la población que refleja las características esenciales de la población de la cual se obtuvo.
- El diseño muestral tiene las siguientes características:
o Es probabilístico porque todas las unidades de estudio, en este caso los paquetes electorales, tienen posibilidad de formar parte de la muestra, es decir, tienen asociada una probabilidad diferente de cero de ser seleccionadas para formar parte de la muestra. Sin embargo, en cuestiones prácticas, se asume como una limitación ineludible que algunas unidades no podrán ser seleccionadas (en este caso las listas nominales no disponibles).
o El objetivo del diseño de muestreo es el de obtener inferencias a nivel nacional y por entidad federativa.
o El total de paquetes para el estudio fue conformado por 129,640 casillas. Este número excluye las casillas que no tuvieron votos, las correspondientes al voto de los mexicanos en el extranjero y las especiales.
o El tamaño de muestra para cada estudio y entidad federativa se determinó (ver Cuadro1) de acuerdo con un diseño de muestreo aleatorio simple al cual se le agregó un posible porcentaje de no respuesta expresado en la siguiente fórmula:
donde
p: proporción de la característica de interés (participación electoral o voto nulo)
z: valor de la variable aleatoria que se distribuye Normal y corresponde a un nivel de 95% de confianza
ƌ: precisión de 2.5%
TNR: tasa de no respuesta
o La muestra nacional estuvo conformada por 8,623 paquetes, el 6.6% del total de paquetes disponibles.
o Los paquetes fueron seleccionados en la bodega de acuerdo a un procedimiento denominado “sistemático”, con arranque aleatorio, ordenado por estado, distrito y porcentaje de voto nulo[1]. Este procedimiento es ampliamente utilizado en el muestreo aleatorio simple, ya que al ordenar de manera apropiada a las unidades en estudio, se obtiene una aportación para mejorar la precisión de las estimaciones.
- Con base en el diseño muestral, se calcularon para cada entidad los tamaños de muestra para el estudio sobre la participación ciudadana y para el estudio sobre las características de los votos nulos. Con la intención de facilitar el trabajo operativo de separar en la bodega los paquetes a revisar, se combinaron las muestras de los dos estudios optando siempre, en cada entidad, por el tamaño de muestra más grande. Así, se llegó a un tamaño de muestra final de 8,623 paquetes para realizar ambos estudios (ver Cuadro 1).
Cuadro 1: Tamaño de muestra por tipo de estudio y por entidad federativa
Entidad | Estudio de Participación | Estudio de Voto Nulo | Tamaño De Muestra Final para Ambos estudios |
Total | 5,823 | 8,527 | 8,623 |
Aguascalientes | 201 | 333 | 333 |
Baja California | 255 | 422 | 422 |
Baja California Sur | 200 | 365 | 2365 |
Campeche | 187 | 176 | 187 |
Coahuila | 165 | 355 | 355 |
Colima | 190 | 341 | 341 |
Chiapas | 175 | 158 | 175 |
Chihuahua | 201 | 331 | 331 |
Distrito Federal | 141 | 275 | 275 |
Durango | 213 | 366 | 366 |
Guanajuato | 154 | 199 | 199 |
Guerrero | 204 | 285 | 285 |
Hidalgo | 172 | 190 | 190 |
Jalisco | 176 | 269 | 269 |
México | 143 | 239 | 239 |
Michoacán | 192 | 276 | 276 |
Morelos | 149 | 223 | 223 |
Nayarit | 186 | 307 | 307 |
Nuevo León | 152 | 218 | 218 |
Oaxaca | 208 | 164 | 208 |
Puebla | 159 | 179 | 179 |
Querétaro | 162 | 197 | 197 |
Quintana Roo | 228 | 254 | 254 |
San Luis Potosí | 170 | 146 | 170 |
Sinaloa | 224 | 371 | 371 |
Sonora | 190 | 349 | 349 |
Tabasco | 122 | 262 | 262 |
Tamaulipas | 193 | 314 | 314 |
Tlaxcala | 150 | 217 | 217 |
Veracruz | 170 | 201 | 201 |
Yucatán | 144 | 239 | 239 |
Zacatecas | 247 | 306 | 306 |
- Cabe destacar que en el procedimiento que se llevó a cabo, el tamaño de muestra estaba excedido con respecto a los cálculos teóricos[2]. Esta situación se consideró conveniente debido a que se conocía la imposibilidad de recuperar todos los cuadernillos de lista nominal que serían la base del estudio.
- De una revisión efectuada al material de los paquetes seleccionados, se encontró que no se dispone de la lista nominal (es decir, los cuadernillos que fueron utilizados en cada casilla en los que registra si el ciudadano votó o no votó) en 31.6% de los paquetes que conforman la muestra total a nivel nacional (ver Cuadro 2).
Cuadro 2: Número de paquetes en muestra y número de paquetes en los que no se dispone de la Lista Nominal
Entidad | Paquetes en muestra | Paquetes sin Lista Nominal | |
Abs | % | ||
Total | 8,623 | 2,722 | 31.6 |
Morelos | 223 | 13 | 5.8 |
Baja California Sur | 365 | 26 | 7.1 |
Distrito Federal | 275 | 22 | 8.0 |
Chihuahua | 341 | 30 | 8.8 |
Zacatecas | 306 | 30 | 9.8 |
México | 239 | 27 | 11.3 |
Nayarit | 307 | 43 | 14.0 |
Yucatán | 239 | 39 | 16.3 |
Colima | 175 | 31 | 17.7 |
Querétaro | 197 | 35 | 17.8 |
Tlaxcala | 217 | 41 | 18.9 |
Quintana Roo | 254 | 53 | 20.9 |
Puebla | 179 | 39 | 21.8 |
San Luis Potosí | 371 | 81 | 21.8 |
Hidalgo | 190 | 45 | 23.7 |
Guerrero | 199 | 48 | 24.1 |
Tabasco | 262 | 67 | 25.6 |
Oaxaca | 208 | 56 | 26.9 |
Michoacán | 276 | 76 | 27.5 |
Tamaulipas | 314 | 88 | 28.0 |
Veracruz | 201 | 62 | 30.8 |
Sinaloa | 170 | 53 | 31.2 |
Coahuila | 331 | 106 | 32.0 |
Nuevo León | 218 | 75 | 34.4 |
Jalisco | 269 | 104 | 38.7 |
Guanajuato | 285 | 116 | 40.7 |
Chiapas | 355 | 160 | 45.1 |
Durango | 366 | 206 | 56.3 |
Campeche | 187 | 118 | 63.1 |
Baja California | 422 | 269 | 63.7 |
Sonora | 349 | 232 | 66.5 |
Aguascalientes | 333 | 331 | 99.4 |
- La ausencia de cuadernillos se denomina estadísticamente como “datos faltantes", es decir, aquellos que no han podido ser observados y limitan el análisis de datos, ya que ha disminuido el tamaño de la muestra[3]La ausencia de datos no permite conocer la forma y la magnitud en la que se podrían modificar las estimaciones.
- Hay diversas técnicas estadísticas para la imputación de datos faltantes que están basadas en modelos estadísticos como son la eliminación de datos (listwise), el pareo de observaciones (pairwise), el método de medias o los algoritmos de imputación múltiple (IM)[4]. Para aplicar estas técnicas es necesario conocer, entre otras condiciones, el patrón de comportamiento de los datos omitidos y datos cuantitativos de otras variables relacionadas. Por ejemplo, para sustituir datos faltantes en las encuestas, se utilizan las respuestas de personas con características similares a las que no respondieron.
- Para el caso particular de este estudio, no existen las condiciones estadísticas para aplicar estas técnicas. Además, está ampliamente documentado que la aplicación de procedimientos inapropiados de sustitución de información introduce sesgos y reduce el poder explicativo de los métodos estadísticos, le resta eficiencia a la fase de inferencia e invalida las conclusiones del estudio.
- Por otro lado, aunque a nivel nacional se calcula un 31.6% de no respuesta, el porcentaje de datos faltantes por entidad federativa no es homogéneo: pues va desde el 99.4% para el caso de Aguascalientes, al 5.8% para Morelos, por lo que no es factible establecer inferencias sobre el valor de los parámetros a nivel nacional.
- En caso de que se decidiera minimizar la importancia que tiene el porcentaje de datos faltantes, nos encontraríamos con una dificultad de interpretación: el nivel de precisión (margen de error) con el que se diseñó la muestra es de 2.5%, pero en todas las entidades federativas el porcentaje de no respuesta es mayor al 2.5%. Incluso en 27 de ellas, el porcentaje de datos faltantes es mayor al 10% (ver Cuadro 2).
- Es decir, el porcentaje de ausencia de información para cada entidad federativa es mucho mayor al porcentaje de error del diseño de la muestra, por ejemplo, en el caso de Yucatán el porcentaje de datos faltantes es de 16.3% y para esta entidad no tiene sentido formular inferencias a partir de un diseño muestral con un 2.5% de precisión. Por lo tanto, no es recomendable hacer estudios sobre los paquetes de alguna entidad federativa porque ni siquiera en aquella que se cuenta con más información (Morelos con 5.8% de paquetes sin listados nominales) se podrían obtener estimaciones estadísticamente confiables.
- Es importante aclarar que aunque el tamaño de la muestra se hubiera incrementado, incluso al grado de seleccionar todo el universo de paquetes (es decir, mediante la realización de un estudio censal a los 129,640 paquetes) la ausencia de cuadernillos es de tal magnitud, que no se podría haber contado con suficiente información para cumplir con los objetivos del Estudio.
- Considerando la gran proporción de listas nominales faltantes, no es posible obtener estimaciones estadísticamente confiables a nivel nacional o por entidad federativa. Por lo tanto, no es posible realizar el Estudio de participación ciudadana 2006 para cubrir el faltante en la serie histórica 2003 - 2012 de la participación electoral por edad, sexo, tamaño de la localidad, entre otros resultados.
- Adicionalmente, no existe herramienta estadística que permita sustituir la información faltante.
- Por lo anterior, se concluye que no es posible elaborar inferencia estadística alguna que cumpla con lo ordenado por el Punto de Acuerdo primero del Acuerdo CG92/2013.
28. Que en el Proceso Electoral Federal 2005-2006 no se contó con Lineamientos en los que se especificara el destino que tendrían las listas nominales, una vez que concluyeran los cómputos distritales. Este tipo de instrucciones corresponde a las elecciones 2009 y 2012. En 2006, los vocales ejecutivos distritales sólo contaron con lo que establecía el Código Electoral entonces vigente.
29. Que en razón de los análisis realizados por las áreas ejecutivas del Instituto, se concluye que se realizaron las acciones mandatadas por el Consejo General en el Acuerdo CG92/2013, pero que debido a la inexistencia del material objeto del Estudio propuesto, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene la imposibilidad técnica y material de llevar a cabo el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34; 35, fracción I; 41, párrafo segundo, Base III, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en 2006; 4, numerales 1 y 2; 6, numerales 1 y 2; 68; 69, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g); 70, numerales 1,3; 71, numeral 1; 72; 73; 80, numeral 2; 82, numeral 1, incisos b) y z); 89, numeral 1, incisos k) y q); 108, numerales 1 y 2; 155, numeral 1; 174, numeral 1; 218, numerales 1, 2, 3 y 5; 223, numeral 2, incisos a), b) y c); 234, numerales 1, incisos a), c) y d), 2, 3, 4 y 5; 246, numerales 1, incisos a), b), c) y 2; 254, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en 2006; artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2008, así como lo señalado en los artículos transitorios segundo, quinto y vigésimo primero de la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 este Consejo General emite el siguiente:
[…]”
SEXTO. Agravios. Los agravios del recurso de apelación SUP-RAP-50/2014 promovido por el Partido de la Revolución Democrática, son del tenor siguiente:
AGRAVIOS
Previo al desarrollo de los agravios se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia:
ÚNICO
FUENTE DE AGRAVIO.-Lo constituyen todos y cada uno de los considerandos del acuerdo que se combate y en especial los considerandos 21 al 25, 26, 27, 28 y 29 en relación con todos los puntos resolutivos en especial los puntos PRIMERO y SEGUNDO.
ARTÍCULOS VIOLADOS 1, 14, 16, 17, 41, 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 38, 105, 109, 118, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente 34; 35, fracción I; 41, párrafo segundo, Base III, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en 2006; 4, numerales 1 y 2; 6, numerales 1 y 2; 68; 69, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g); 70, numerales 1,3; 71, numeral 1: 72; 73; 80, numeral 2; 82, numeral 1, incisos b) y z); 89, numeral 1, incisos k) y q); 108, numerales 1 y 2; 155, numeral 1; 174, numeral 1; 218, numerales 1, 2, 3 y 5; 223, numeral 2, incisos a), b) y c); 234, numerales 1, incisos a), c) y d), 2, 3, 4 y 5; 246, numerales 1, incisos a), b), c) y 2; 254, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en 2006; artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2008, así como lo señalado en los artículos transitorios segundo, quinto y vigésimo primero de la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014
CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el acuerdo que se impugna al no establecer que a sabiendas de que faltaban el 26.29% de los listados nominales, conforme al estudio que se realizó para conocer el estado que guardaban los paquetes 2006 no se instrumentó como ha quedado demostrado en el capítulo de hechos una mayor muestra que permitiera resolver los faltantes, requiriendo además al Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación conocer si había pasividad (como la hay, pues es consultable en el archivo que se encuentra en Av. Apaches #350 Col Francisco Culhuacán Del. Coyoacán CP. 04440 [expedientes disponibles 2002 al 2006 al mes de septiembre]) consultar y analizar los expedientes de los juicios de Inconformidad así como los incidentes de recuentos de votación.
Lo cual en el acuerdo si bien, se señala que la muestra no es suficiente pues en el análisis previo existe un determinado número de paquetes estos aun así no fueron requeridos ni se hicieron ninguna de las diligencias correspondientes para solicitar este tribunal la información de si en sus expedientes se encontraban listados nominales, como se acredita de la simple lectura de la sesión de la Comisión de Capacitación de fecha 12 de marzo de 2014 en la que la consejera María Marvan Laborde señaló que no se habían realizado dichas consultas y que en todo caso se encontraban fuera del alcance del instituto porque los paquetes eran destruidos cada 5 años, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurre pues están a disposición.
Y luego haber sacado una muestra que históricamente es inferior a las que se habían sacado para los años 2003 y 2009 la cual evidentemente arrogó un faltante de 31.6% de las listas nominales de electores que se encontraban a disposición y luego sin planeación ni previsión alguna destruir los paquetes electorales de la elección 2006. Por lo que existió omisión aún reparable al no consultar las listas nominales que se encuentran en disposición del público en general de los Juicios de Inconformidad y de los Incidentes de recuento de votos sustanciados durante 2006 que debe determinarse y no se consultó a este Tribunal sí al efecto contaba con las listas nominales que el estudio requería.
Lo mismo ocurre con respecto a fijar la responsabilidad de quienes no tomaron en cuenta lo que ya los estudios previos mostraban el faltante de 26.29% de los listados nominales y no tomaron medidas, a pesar de que incluso la misma Dirección de Estadística del Registro Federal de Electores en distintos momentos determinó muestras mayores (2003 y 2009) para tener seguridad de obtener los listados nominales como se demuestra con el siguiente cuadro:
